En directo - AMENAZA: Anteproyecto Código Procedimiento Civil.

Guacanarix nos acompaña siempre, por más vilipendiado y despreciado, su síndrome está latente en todos los dominicanos, esperando la hora de brotar incontenible ante la presencia de elementos exógenos que se acerquen a nuestras costas con espejitos y abalorios para obtener nuestra rendición incondicional.

Si bien en la época del "Descubrimiento de América", ese síndrome, condujo a la expoliación de las riquezas naturales y la explotación de la población indígena, sus manifestaciones actuales son mas sutiles, taimadas y con un tinte seudo-cultural de modernidad y desvinculación con el pasado, que sirve de engaña bobos, porque se conoce nuestra pasión por la novelería y de ello tenemos varias y buenas muestras patentes, como son: 1.- El Código Procesal Penal; 2.- La ley de Registro Inmobiliario; 3.- La Ley de Sociedades, de los cuales ya no vale la pena hablar porque los resultados están a la vista.

Ahora la nueva manifestación del Síndrome de Guacanarix, es un anteproyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil con el cual se pretende borrar una tradición de más de cien años para introducir nuevas formas procesales para los asuntos civiles y comerciales (¿o harán un procedimiento comercial separado?). Esta tentativa conoció una resonante deserción, cuando la doctora Margarita Tavares una de las mas eminentes procesalistas dominicanas, sino la más, renunció a formar parte de la comisión nombrada a tales fines, inconforme con el giro que se le estaba dando a la citada reforma.

Esa renuncia que debió alarmar o llamar la atención de los abogados, no impidió que la citada comisión continuara imperturbable su trabajo, ya se dice que está o estará pronto en el Congreso, donde es de suponer que aunque hay abogados, será aprobado sin parar mientes en las consecuencias que para el ordenamiento jurídico, para su ejercicio profesional y el de todos los abogados, tendrá esta nueva frivolidad que nos estamos gastando en nombre de la modernidad.

De todo tiempo se ha sabido y, eso lo aprendimos de los militares, que la antigüedad es un rango, los abogados ya no podrán presumir de tener 20, 30,40 o 50 años de ejercicio profesional, cuando cualquier leguleyo con ínfulas de modernizador propone, con éxito, una reforma que tiene su base en la falta de estudio por una parte, y en la vanidad de hacer una reforma que lleve su nombre por la otra.

No son leyes que nos hacen falta, lo que hace falta son abogados preparados que no se encandilen con el vocabulario rebuscado e inconexo de muchos asesores que han encontrado su Potosí, proponiendo reformas que se encuentran en formulario preestablecidos que traen como equipaje y sin ningún conocimiento del ordenamiento jurídico dominicano, porque parten de la idea de que este pequeño pedazo de país no tiene uno. Necesitamos abogados que estudien, que conozcan desde los orígenes la base legal que sustenta la existencia de este Estado que no nació fallido.

Necesitamos abogados que sepan hablar, discurrir, que sepan escribir, que sean capaces de analizar si una sentencia ha sido bien o mal dada, para interponer los recursos que la ley establece, para que no desborden la capacidad de los tribunales con recursos mal elaborados y sin fundamento.

Pero necesitamos también que la Justicia no se limite a cantar las loas a las reformas que ella propicia, necesitamos una verdadera modernización de la justicia.

¿Como es posible que todavía en esta época, las actas de audiencia se tomen al buen criterio y la habilidad de lo secretario de los tribunales, cuando hay mecanismos para tomar las declaraciones de los abogados, los interrogatorios de las partes, de los testigos?

¿Cómo es posible que todavía no se haya entendido que cada diez mil habitantes se necesita un tribunal, para evitar que los jueces sobrecargados de trabajo violen la Ley de Organización Judicial, porque les es materialmente imposible dictar sentencia con el cúmulo de trabajo que tienen, que establece los plazos en que los asuntos deben ser fallados?

¿Cómo es posible que por agradar a un asesor extranjero, los consultores dominicanos no les señalen la existencia de un determinado cuerpo legal, que hace innecesaria la elaboración de una nueva ley, y que si hay modificaciones deben hacerse dentro de ese mismo cuerpo, porque el derecho como la naturaleza no procede por saltos sino por una lenta evolución que decanta y perfecciona las instituciones?

¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia, promueva un juez a una función superior, que desde su nombramiento está inhabilitado para conocer los asuntos que tiene pendientes, sin darle un tiempo moral para que tome las decisiones, por lo menos de los asuntos más importantes que tiene en carpeta y en los cuales ha celebrado medidas de instrucción ?

¿Cómo es posible que la nueva modalidad de los jueces para fallar, sea invocar tratados internacionales, si estos tratados debidamente ratificados por el Legislador, forman parte del ordenamiento jurídico dominicano?

Pero peor aun, cuando esos tratados han sido ratificados ya existen leyes que tipifican y sancionan los comportamientos que el tratado recomienda corregir. Apliquemos esa ley y no inventemos la elaboración de una nueva.

Que lejos estamos del examen e interpretación de las leyes, del argumento por analogía, del argumento a contrario, que enriquecían el debate jurídico, permitían la circulación y refrescamiento de las ideas. Basta citar sin ponderar textos de ley y leer interminables citas para creerse un gran jurista y pretender obtener ganancia de causa.

Son esas las consideraciones que me han valido el calificativo de conservadora, que acepto con gusto y orgullo, porque he dedicado mi vida al estudio del Derecho y porque no creo que con recetas electrónicas o foráneas, logremos un verdadero Estado de Derecho y mucho menos que logremos afianzar la Justicia como pilar que lo sustente.

De Rosina de Alvarado.