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La aplicación del Código Procesal Penal, vigente desde septiembre del 2004, sigue originando múltiples debates con relación a su aplicación, incluso entre los mismos actores del proceso.
Desde antes de entrar en vigor el nuevo Código Procesal Penal, la pieza despertó las más variadas críticas, inclusive, algunos la responsabilizan del número de personas con antecedentes penales que en la actualidad quedan libres, debido a las facilidades que ofrece la ley para recuperar la libertad.
Diferentes personalidades entienden que la pretensión de modificar la normativa procesal penal sobre la base de un auge de la criminalidad, refleja una falta de comprensión del fenómeno criminal en sí. Sin embargo, otros consideran que la aplicación que están haciendo los jueces es muy cuestionable y, en consecuencia, debe ser modificado.
En contra
Uno de los que se oponen a la modificación del Código Procesal Penal es Ramón Emilio Núñez, director general de la Escuela del Ministerio Público y uno de los redactores del Código, quien entiende que pretender atribuir a la normativa el auge de la criminalidad es no entender el fenómeno criminal como un fenómeno multicausal, que se debe a diferentes factores y no comprender que la reforma procesal penal es, además de un cambio normativo, también organizacional y cultural.
Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, advierte que regresar al viejo sistema representaría revivir las redadas, el tema de los presos preventivos, los allanamientos sin órdenes judiciales y otras violaciones a los derechos humanos.
Entiende, además, que los hechos de violencia no obedecen a la existencia de la reforma procesal, sino al desempleo y otras causas de carácter social.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el movimiento cívico Participación Ciudadana se sumaron también al planteamiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia y descartan que el auge de la delincuencia sea producto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, al tiempo de abogar por una adecuación de los actores de la justicia al nuevo Código.
A favor
El nuevo Código Procesal Penal requiere de una revisión en “muchas cuestiones”, consideró Rafael Luciano Pichardo, vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, quien precisa que aunque no pueda desvincularme de su condición de magistrado, formula sus críticas al texto jurídico en su condición “de ciudadano”. “Creo que esa Ley (la del Código Procesal Penal) pudo haber sido revisada y tiene muchas cuestiones que deben ser revisadas. La pieza representa una imposición tanto para la República Dominicana como para muchos otros países de la región”, indicó.
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez también ha reclamado una revisión del Código Procesal Penal, porque entiende que la aplicación que están haciendo los jueces es muy cuestionable. El arzobispo de Santo Domingo estima que esta situación está generando infinitas quejas, ya que parece redactado para defender más a los delincuentes que a sus víctimas.
El jurista Vinicio Castillo Seman dice que “hay sectores que se resisten a entender que es una necesidad reformar el Código Procesal Penal, cuando la realidad del día a día está demostrando que la mayoría de los delincuentes violentos están en la calle impunes, como consecuencia de la desaparición de la figura de la prisión preventiva de nuestro ordenamiento procesal penal y dejando ésta sólo para casos muy excepcionales”.
El nuevo código adopta como doctrina los postulados del sistema penal acusatorio y tiene como presupuesto para la prisión preventiva las siguientes circunstancias: a) que existan elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de una infracción; b) peligro de fuga y c) que la infracción que se le atribuya esté reprimida con pena privativa de libertad.
Listín Diario
Desde antes de entrar en vigor el nuevo Código Procesal Penal, la pieza despertó las más variadas críticas, inclusive, algunos la responsabilizan del número de personas con antecedentes penales que en la actualidad quedan libres, debido a las facilidades que ofrece la ley para recuperar la libertad.
Diferentes personalidades entienden que la pretensión de modificar la normativa procesal penal sobre la base de un auge de la criminalidad, refleja una falta de comprensión del fenómeno criminal en sí. Sin embargo, otros consideran que la aplicación que están haciendo los jueces es muy cuestionable y, en consecuencia, debe ser modificado.
En contra
Uno de los que se oponen a la modificación del Código Procesal Penal es Ramón Emilio Núñez, director general de la Escuela del Ministerio Público y uno de los redactores del Código, quien entiende que pretender atribuir a la normativa el auge de la criminalidad es no entender el fenómeno criminal como un fenómeno multicausal, que se debe a diferentes factores y no comprender que la reforma procesal penal es, además de un cambio normativo, también organizacional y cultural.
Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, advierte que regresar al viejo sistema representaría revivir las redadas, el tema de los presos preventivos, los allanamientos sin órdenes judiciales y otras violaciones a los derechos humanos.
Entiende, además, que los hechos de violencia no obedecen a la existencia de la reforma procesal, sino al desempleo y otras causas de carácter social.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el movimiento cívico Participación Ciudadana se sumaron también al planteamiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia y descartan que el auge de la delincuencia sea producto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, al tiempo de abogar por una adecuación de los actores de la justicia al nuevo Código.
A favor
El nuevo Código Procesal Penal requiere de una revisión en “muchas cuestiones”, consideró Rafael Luciano Pichardo, vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, quien precisa que aunque no pueda desvincularme de su condición de magistrado, formula sus críticas al texto jurídico en su condición “de ciudadano”. “Creo que esa Ley (la del Código Procesal Penal) pudo haber sido revisada y tiene muchas cuestiones que deben ser revisadas. La pieza representa una imposición tanto para la República Dominicana como para muchos otros países de la región”, indicó.
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez también ha reclamado una revisión del Código Procesal Penal, porque entiende que la aplicación que están haciendo los jueces es muy cuestionable. El arzobispo de Santo Domingo estima que esta situación está generando infinitas quejas, ya que parece redactado para defender más a los delincuentes que a sus víctimas.
El jurista Vinicio Castillo Seman dice que “hay sectores que se resisten a entender que es una necesidad reformar el Código Procesal Penal, cuando la realidad del día a día está demostrando que la mayoría de los delincuentes violentos están en la calle impunes, como consecuencia de la desaparición de la figura de la prisión preventiva de nuestro ordenamiento procesal penal y dejando ésta sólo para casos muy excepcionales”.
El nuevo código adopta como doctrina los postulados del sistema penal acusatorio y tiene como presupuesto para la prisión preventiva las siguientes circunstancias: a) que existan elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de una infracción; b) peligro de fuga y c) que la infracción que se le atribuya esté reprimida con pena privativa de libertad.
Listín Diario
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