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La falta de una ley que norme de manera justa los alquileres de viviendas en República Dominicana y la desprotección para los inversionistas, se convierten en elementos que frenan la inversión en edificaciones para rentar.
Esos elementos impiden también poder bajar el déficit habitacional existente.
Ayer, el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI), Pedro Dipp, se quejó de que el decreto 4807, del 16 de mayo de 1959, y por el cual se rigen los alquileres en el país, debido al momento en que se emitió, protege unilateralmente al inquilino y deja desprotegido al dueño del bien, que es el que realiza la inversión.
“En nuestro país la cultura lamentablemente no es como en otras ciudades, donde existen comunidades básicamente para renta, y la gente sabe que todo el que está ahí es en condición de rentado.
Por tanto, existen muchísimos controles que aquí faltan para evitar los atrasos, para los no pagos y una garantía a la que el inquilino debe hacer frente cuando se produce un deterioro del inmueble”, dijo el principal directivo de la AEI, al participar en el Desayuno Económico de El Caribe.
En ese encuentro estuvo acompañado del segundo vicepresidente de la organización, Omar Alejandro Vargas, y de la primer vocal, María Báez.
De manera concreta, los dirigentes abogan porque las autoridades congresuales y el Poder Ejecutivo se unan para crear una ley que satisfaga a ambas partes (al inquilino y al propietario de la vivienda), y que dé garantía a quien realiza la inversión.
Pedro Dipp sostuvo que nadie que quiera animarse a invertir en viviendas para alquiler lo hará, si de por medio hay un riesgo tan alto como el existente en República Dominicana.
“Nuestras autoridades no están viendo soluciones, ni hay quién les diga que son soluciones parciales, y que cuando las vayamos agrupando es que pasarán a ser soluciones generales”, apuntó Dipp.
A menudo en el país las autoridades estatales ofrecen cifras variadas sobre el déficit habitacional actual, algunas de la cuales sitúan la carencia de viviendas en unas 600 mil unidades.
Sin embargo, la Asociación de Empresas Inmobilarias sugiere que pudiera tratarse de una cifra mayor que oscila entre 800 mil y un millón de viviendas, según otras cifras que escuchan mencionar.
“Esa cantidad que se ofrece cada cierto tiempo sobre el déficit habitacional como que se ha quedado frisada y nosotros entendemos que es mayor, que ha ido en aumento”, expresó el presidente de la AEI.
El dueño debe auxiliarse de dos figuras
El segundo vicepresidente de la AEI citó aspectos contenidos en el decreto que regula los alquileres de viviendas, que a su entender son una retranca para que la gente se desmotive a desarrollar viviendas con fines de alquilarlas.
“Hay artículos del decreto 4807 que evitan que el dueño diga al inquilino que va a necesitar la vivienda porque producirá una remodelación o porque en ella vivirá un familiar, sino que hay que pedir permiso previo a la persona que la habita.
Otro punto que refirió Vargas es que en el caso del dominicano que no vive en su país pero tiene una vivienda en República Dominicana alquilada a otra persona debe auxiliarse en la figura de una familiar, por un lado, y por otro, en un abogado que garantice y dé fuerza legal para que la persona que asumió la renta sea responsable o para que el fiador responda en caso de que el primero falle.
No son dueñas del proyecto ni del dinero
Las compañías inmobiliarias ejercen una labor de intermediación entre el que vende o alquila y el cliente.
Sin embargo, por ser la vía por la cual las personas conocen el proyecto que les interesa, en ocasiones si el propietario de un inmueble queda mal frente al adquiriente, es a las inmobiliarias a quienes luego se reclama.
Esas empresas, según aclaró María Báez, no son las dueñas de los proyectos que se venden, ni son las que manejan el dinero.
“Lo que sí debe hacer una inmobiliaria responsable es dar la cara y tratar de ayudar al afectado”, expuso Báez.
El Caribe
Esos elementos impiden también poder bajar el déficit habitacional existente.
Ayer, el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI), Pedro Dipp, se quejó de que el decreto 4807, del 16 de mayo de 1959, y por el cual se rigen los alquileres en el país, debido al momento en que se emitió, protege unilateralmente al inquilino y deja desprotegido al dueño del bien, que es el que realiza la inversión.
“En nuestro país la cultura lamentablemente no es como en otras ciudades, donde existen comunidades básicamente para renta, y la gente sabe que todo el que está ahí es en condición de rentado.
Por tanto, existen muchísimos controles que aquí faltan para evitar los atrasos, para los no pagos y una garantía a la que el inquilino debe hacer frente cuando se produce un deterioro del inmueble”, dijo el principal directivo de la AEI, al participar en el Desayuno Económico de El Caribe.
En ese encuentro estuvo acompañado del segundo vicepresidente de la organización, Omar Alejandro Vargas, y de la primer vocal, María Báez.
De manera concreta, los dirigentes abogan porque las autoridades congresuales y el Poder Ejecutivo se unan para crear una ley que satisfaga a ambas partes (al inquilino y al propietario de la vivienda), y que dé garantía a quien realiza la inversión.
Pedro Dipp sostuvo que nadie que quiera animarse a invertir en viviendas para alquiler lo hará, si de por medio hay un riesgo tan alto como el existente en República Dominicana.
“Nuestras autoridades no están viendo soluciones, ni hay quién les diga que son soluciones parciales, y que cuando las vayamos agrupando es que pasarán a ser soluciones generales”, apuntó Dipp.
A menudo en el país las autoridades estatales ofrecen cifras variadas sobre el déficit habitacional actual, algunas de la cuales sitúan la carencia de viviendas en unas 600 mil unidades.
Sin embargo, la Asociación de Empresas Inmobilarias sugiere que pudiera tratarse de una cifra mayor que oscila entre 800 mil y un millón de viviendas, según otras cifras que escuchan mencionar.
“Esa cantidad que se ofrece cada cierto tiempo sobre el déficit habitacional como que se ha quedado frisada y nosotros entendemos que es mayor, que ha ido en aumento”, expresó el presidente de la AEI.
El dueño debe auxiliarse de dos figuras
El segundo vicepresidente de la AEI citó aspectos contenidos en el decreto que regula los alquileres de viviendas, que a su entender son una retranca para que la gente se desmotive a desarrollar viviendas con fines de alquilarlas.
“Hay artículos del decreto 4807 que evitan que el dueño diga al inquilino que va a necesitar la vivienda porque producirá una remodelación o porque en ella vivirá un familiar, sino que hay que pedir permiso previo a la persona que la habita.
Otro punto que refirió Vargas es que en el caso del dominicano que no vive en su país pero tiene una vivienda en República Dominicana alquilada a otra persona debe auxiliarse en la figura de una familiar, por un lado, y por otro, en un abogado que garantice y dé fuerza legal para que la persona que asumió la renta sea responsable o para que el fiador responda en caso de que el primero falle.
No son dueñas del proyecto ni del dinero
Las compañías inmobiliarias ejercen una labor de intermediación entre el que vende o alquila y el cliente.
Sin embargo, por ser la vía por la cual las personas conocen el proyecto que les interesa, en ocasiones si el propietario de un inmueble queda mal frente al adquiriente, es a las inmobiliarias a quienes luego se reclama.
Esas empresas, según aclaró María Báez, no son las dueñas de los proyectos que se venden, ni son las que manejan el dinero.
“Lo que sí debe hacer una inmobiliaria responsable es dar la cara y tratar de ayudar al afectado”, expuso Báez.
El Caribe
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