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Para el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el proyecto de reforma constitucional afectaría el ejercicio del derecho de propiedad y de libre empresa, al establecer excesos regulatorios a través de algunas de sus disposiciones.
En un amplio y detallado documento, elaborado de manera conjunta con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Conep señaló que varios aspectos de regulación estatal indicados en el proyecto deben ser materia de leyes adjetivas, como en el caso de las disposiciones relacionadas con la titularidad de los recursos naturales.
El empresariado también criticó el régimen tributario especial para la zona fronteriza, a partir del cual -a su juicio- se podrían generar confusiones y "un abuso en la discrecionalidad", así como las dificultades que crearía la expropiación sin indemnización en caso de situación grave (artículo 42, literal c de la propuesta).
Otro aspecto que preocupa al Conep son las disposiciones relativas al trabajo como derecho, establecidas en el artículo 51 del proyecto. Indicó que éstas entran en detalles particulares e inflexibiliza sus disposiciones al no hacerlas por la vía de la legislación laboral.
Aseguró que esto daría pie a "una señal inequívoca frente a los inversionistas al prohibir la reducción de la actividad económica", lo que "conllevaría a una limitación de la libertad de empresa".
Cuestionó, además, la implementación de un régimen de economía social de mercado, modelo que afirmó debe observar la responsabilidad de políticas fiscales y la transparencia económica, elementos que según el Conep no figuran en el proyecto de reforma constitucional.
El Conep consideró que otros elementos, como la posibilidad de monopolios estatales y la consagración constitucional de la estabilidad de precios, distorsionarían el régimen propuesto y el ejercicio de la actividad empresarial.
Afecta al Poder Judicial
El Conep también expresó su preocupación ante el posible involución que afectaría al Poder Judicial de aprobarse el actual proyecto de reforma.
Dijo que la creación de una Sala Constitucional y el establecimiento de un Tribunal Superior Administrativo podría dar lugar a "pugnas y luchas a lo interno de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial". A juicio del Conep, éstas y otras disposiciones marcarían un detrimento en los logros alcanzados por este poder del Estado en los últimos años.
Discrecionalidad del ejecutivo
En el documento, el Conep señala su preocupación en torno a la ampliación de las discrecionalidades del Poder Ejecutivo. En este sentido citan de manera especifica las prerrogativas establecidas en los artículos 108, 109, 110, 118, 155, 160 y 232; en las que se disponen -entre otras aspectos- la facultad de celebrar contratos de enajenación sin concurso del Congreso, la concesión de indultos sin condiciones, la creación de viceministros subordinados a un ministerio sin ley y de organismos desconcentrados por decreto.
En un amplio y detallado documento, elaborado de manera conjunta con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Conep señaló que varios aspectos de regulación estatal indicados en el proyecto deben ser materia de leyes adjetivas, como en el caso de las disposiciones relacionadas con la titularidad de los recursos naturales.
El empresariado también criticó el régimen tributario especial para la zona fronteriza, a partir del cual -a su juicio- se podrían generar confusiones y "un abuso en la discrecionalidad", así como las dificultades que crearía la expropiación sin indemnización en caso de situación grave (artículo 42, literal c de la propuesta).
Otro aspecto que preocupa al Conep son las disposiciones relativas al trabajo como derecho, establecidas en el artículo 51 del proyecto. Indicó que éstas entran en detalles particulares e inflexibiliza sus disposiciones al no hacerlas por la vía de la legislación laboral.
Aseguró que esto daría pie a "una señal inequívoca frente a los inversionistas al prohibir la reducción de la actividad económica", lo que "conllevaría a una limitación de la libertad de empresa".
Cuestionó, además, la implementación de un régimen de economía social de mercado, modelo que afirmó debe observar la responsabilidad de políticas fiscales y la transparencia económica, elementos que según el Conep no figuran en el proyecto de reforma constitucional.
El Conep consideró que otros elementos, como la posibilidad de monopolios estatales y la consagración constitucional de la estabilidad de precios, distorsionarían el régimen propuesto y el ejercicio de la actividad empresarial.
Afecta al Poder Judicial
El Conep también expresó su preocupación ante el posible involución que afectaría al Poder Judicial de aprobarse el actual proyecto de reforma.
Dijo que la creación de una Sala Constitucional y el establecimiento de un Tribunal Superior Administrativo podría dar lugar a "pugnas y luchas a lo interno de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial". A juicio del Conep, éstas y otras disposiciones marcarían un detrimento en los logros alcanzados por este poder del Estado en los últimos años.
Discrecionalidad del ejecutivo
En el documento, el Conep señala su preocupación en torno a la ampliación de las discrecionalidades del Poder Ejecutivo. En este sentido citan de manera especifica las prerrogativas establecidas en los artículos 108, 109, 110, 118, 155, 160 y 232; en las que se disponen -entre otras aspectos- la facultad de celebrar contratos de enajenación sin concurso del Congreso, la concesión de indultos sin condiciones, la creación de viceministros subordinados a un ministerio sin ley y de organismos desconcentrados por decreto.
