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El senador por la provincia Santiago, Francisco Domínguez Brito propuso este miércoles que en la reforma constitucional que se realizará en las próximas semanas, se mantenga la facultad de declarar la constitucionalidad de las normas legales en el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como ha sido desde 1994.
Al participar como orador invitado en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de Santo Domingo junto a Flavio Darío Espinal y a Servio Tulio Castaños, el legislador resaltó la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial y consideró innecesario la creación de nuevas instancias, dentro o fuera, de la SCJ para controlar la constitucionalidad de las normas.
Sobre los constantes reclamos y críticas que sirven de fundamento a las propuestas de creación de una Sala especializada o un Tribunal de Garantías Constitucionales, como son la tardanza en emitir sentencias y la forma poco transparente en la que se determina el orden de precedencia en el cual los casos son decididos, el senador evaluó estos planteamientos al considerar la necesidad de reglamentar más eficazmente y de establecer controles más específicos a esta función en el texto Constitucional.
En tal sentido propuso la incorporación de plazos específicos para que la Suprema Corte tenga que pronunciarse sobre los recursos de inconstitucionalidad y establecer una fórmula procedimental que haga transparente la metodología que se utilice para fijar la agenda de estos recursos.
También en el ámbito judicial propuso otorgar rango constitucional a la carrera judicial y al Ministerio Público de manera que para ser designados en posiciones dentro de ambas instituciones los aspirantes sean elegidos a través de concursos de oposición y luego de haber agotado satisfactoriamente las evaluaciones formativas en sus respectivas escuelas.
Entiende que deben exceptuarse de este requisito al Procurador General de la República, y una proporción de los miembros de la Suprema Corte de manera que tengan cabida académicos y profesionales destacados.
Sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se refirió a la necesidad de mantenerla bajo el amparo institucional de la SCJ y evitar desmembramientos institucionales que en el pasado han demostrado no ser alternativas viables para la aplicación de justicia a quienes reclaman de la administración pública su apego a la legalidad.
En este contexto, también abordó los aspectos de carácter institucional orientados al fortalecimiento del Congreso Nacional como órgano de control, el papel que deben jugar los Ayuntamientos, la Junta Central Electoral, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Al concluir su turno, invitó a todos los sectores nacionales a asumir un compromiso de continuar apoyando el fortalecimiento de la institucionalidad y el imperio de la ley como forma de facilitar una sociedad más próspera y equitativa, que permita a los ciudadanos y ciudadanas desarrollar sus competencias y perseguir sus anhelos individuales o colectivos. Esta actividad se realizó en el Salón Anacaona del Hotel Renaissance Jaragua de esta capital.
Al participar como orador invitado en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de Santo Domingo junto a Flavio Darío Espinal y a Servio Tulio Castaños, el legislador resaltó la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial y consideró innecesario la creación de nuevas instancias, dentro o fuera, de la SCJ para controlar la constitucionalidad de las normas.
Sobre los constantes reclamos y críticas que sirven de fundamento a las propuestas de creación de una Sala especializada o un Tribunal de Garantías Constitucionales, como son la tardanza en emitir sentencias y la forma poco transparente en la que se determina el orden de precedencia en el cual los casos son decididos, el senador evaluó estos planteamientos al considerar la necesidad de reglamentar más eficazmente y de establecer controles más específicos a esta función en el texto Constitucional.
En tal sentido propuso la incorporación de plazos específicos para que la Suprema Corte tenga que pronunciarse sobre los recursos de inconstitucionalidad y establecer una fórmula procedimental que haga transparente la metodología que se utilice para fijar la agenda de estos recursos.
También en el ámbito judicial propuso otorgar rango constitucional a la carrera judicial y al Ministerio Público de manera que para ser designados en posiciones dentro de ambas instituciones los aspirantes sean elegidos a través de concursos de oposición y luego de haber agotado satisfactoriamente las evaluaciones formativas en sus respectivas escuelas.
Entiende que deben exceptuarse de este requisito al Procurador General de la República, y una proporción de los miembros de la Suprema Corte de manera que tengan cabida académicos y profesionales destacados.
Sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se refirió a la necesidad de mantenerla bajo el amparo institucional de la SCJ y evitar desmembramientos institucionales que en el pasado han demostrado no ser alternativas viables para la aplicación de justicia a quienes reclaman de la administración pública su apego a la legalidad.
En este contexto, también abordó los aspectos de carácter institucional orientados al fortalecimiento del Congreso Nacional como órgano de control, el papel que deben jugar los Ayuntamientos, la Junta Central Electoral, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Al concluir su turno, invitó a todos los sectores nacionales a asumir un compromiso de continuar apoyando el fortalecimiento de la institucionalidad y el imperio de la ley como forma de facilitar una sociedad más próspera y equitativa, que permita a los ciudadanos y ciudadanas desarrollar sus competencias y perseguir sus anhelos individuales o colectivos. Esta actividad se realizó en el Salón Anacaona del Hotel Renaissance Jaragua de esta capital.
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