Suprema Corte Propone Fiscal General Contra Corrupción.

La Suprema Corte de Justicia propondrá a la Cumbre combatir la corrupción administrativa mediante la creación de una fiscalía general contra la corrupción. Esta fiscalía sería independiente e inamovible. Lo nombraría el Consejo Nacional de la Magistratura. También propone la mejoría de los servicios y acceso del ciudadano a la justicia, la aplicación de una segunda ola de reformas judiciales y la desconcentración de las funciones administrativas que ejerce el Pleno del alto tribunal. En su propuesta, la SCJ plantea la cuestión de la justicia constitucional. El tribunal estará representado por el juez Edgar Hernández.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) planteó cinco aspectos para ser debatidos en la cumbre convocada por el Presidente Leonel Fernández, entre ellos, la mejora de los servicios y acceso del ciudadano a la justicia, la implementación de una segunda ola de reformas judiciales y el combate de la corrupción administrativa, a través de la creación de un fiscal general contra la corrupción pública, independiente e inamovible.

Además, propuso que se aborde el tema de la independencia y transparencia judicial y la consolidación de la aplicación del Código Procesal Penal.

El presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa, informa, además, en una comunicación remitida a monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico, Social e Institucional y a Juan Temístocles Montás, secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, que ese organismo estará representado en la “Cumbre por la Consolidación y Ampliación de la Gobernabilidad, la Sostenibilidad Macroeconómica y el Desarollo del país” por el magistrado Edgar Hernández Mejía.

El encuentro está pautado para el 28 de este mes. En cuanto a la creación de un fiscal general anticorrupción, Subero Isa propone que su designación sea atribución del Consejo Nacional de la Magistratura. Indica que la función principal de esta figura sería la de combatir los delitos de naturaleza económica cometidos contra el Estado, lo que no chocaría con las funciones del Ministerio Públic común, a quien le corresponde investigar los delitos de otras naturaleza.

Segunda ola de Reformas Judiciales

Entre los temas a considerar en este aspecto, el máximo tribunal de justicia plantea la desconcentración de las funciones administrativas que ejercen el pleno y la SCJ, para concentrase estrictamente en sus labores jurisdiccionales.

En ese sentido, proponen la conformación de un tercer órgano que forme parte del Poder Judicial, es decir que funcione a lo interno, que tenga la responsabilidad del gobierno del Poder Judicial y a su cargo las funciones administrativas, de dirección de la carrera judicial y disciplinarias, a excepción de las atribuciones disciplinarias correspondientes a los jueces de la SCJ, cuya responsabilidad recaería sobre el Consejo Nacional de la Magistratura.