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La Cámara de Diputados recibió este miércoles la Propuesta de Reforma al Código Procesal Penal, que propone la Comisión Nacional Ejecutoria del Código Procesar Penal (CONAEJ).
El doctor Lino Vásquez Samuel, vicepresidente del CONAEJ explicó que la iniciativa busca brindar un enfoque más conectado con la queja social, y asumir la defensa de los derechos de las víctimas de un modo más efectivo.
Destacó que como mecanismos para frenar el crimen del narcotráfico, esta propuesta sugiere que se permita los registros o allanamientos en horas de la noche, en los casos de drogas, secuestro o terrorismo.
Explicó que en los principios generales sobre la Reforma Procesal Penal se busca fortalecer la acción en los casos de violación de propiedad y de falsedad en los casos de violación a la ley de drogas.
Indicó que también restringe el uso por el Ministerio Público del principio de oportunidad de no ejecución de la acción penal en los casos de porte y tenencia ilegal de armas.
Asimismo, Lino Vásquez manifestó que la nueva iniciativa aumentará los plazos a los fines de permitir una efectiva persecución penal.
Vásquez Sámuel destacó que la propuesta busca producir los cambios normativos para modificar viejas prácticas y actuaciones de muchos de los actores del sistema de administración de justicia penal para así estimular contundentemente el proceso de cambios que exige nuestra sociedad en la dinámica de la investigación, la persecución penal y el juicio.
Mientras que el senador por la provincia de Santiago, Francisco Domínguez Brito, explicó que la nueva propuesta establecerá mayores controles en los casos de libertad bajo fianza.
Se ampliará el concepto de peligro de fuga, dificultando la libertad bajo fianza para los que constantemente cometen delitos y poseen un amplio historial delictivo, así como aumentar el plazo de prisión preventiva.
Igualmente, Brito significó que la propuesta amplia los conceptos para lo que disponen de una identidad incierta o varios documentos de identidad y electoral, y sobre todo para aquellos no residentes o extranjeros involucrados en tráficos de drogas, armas o cualquier otro delito grave, sin arraigo serio en el país.
El doctor Lino Vásquez Samuel, vicepresidente del CONAEJ explicó que la iniciativa busca brindar un enfoque más conectado con la queja social, y asumir la defensa de los derechos de las víctimas de un modo más efectivo.
Destacó que como mecanismos para frenar el crimen del narcotráfico, esta propuesta sugiere que se permita los registros o allanamientos en horas de la noche, en los casos de drogas, secuestro o terrorismo.
Explicó que en los principios generales sobre la Reforma Procesal Penal se busca fortalecer la acción en los casos de violación de propiedad y de falsedad en los casos de violación a la ley de drogas.
Indicó que también restringe el uso por el Ministerio Público del principio de oportunidad de no ejecución de la acción penal en los casos de porte y tenencia ilegal de armas.
Asimismo, Lino Vásquez manifestó que la nueva iniciativa aumentará los plazos a los fines de permitir una efectiva persecución penal.
Vásquez Sámuel destacó que la propuesta busca producir los cambios normativos para modificar viejas prácticas y actuaciones de muchos de los actores del sistema de administración de justicia penal para así estimular contundentemente el proceso de cambios que exige nuestra sociedad en la dinámica de la investigación, la persecución penal y el juicio.
Mientras que el senador por la provincia de Santiago, Francisco Domínguez Brito, explicó que la nueva propuesta establecerá mayores controles en los casos de libertad bajo fianza.
Se ampliará el concepto de peligro de fuga, dificultando la libertad bajo fianza para los que constantemente cometen delitos y poseen un amplio historial delictivo, así como aumentar el plazo de prisión preventiva.
Igualmente, Brito significó que la propuesta amplia los conceptos para lo que disponen de una identidad incierta o varios documentos de identidad y electoral, y sobre todo para aquellos no residentes o extranjeros involucrados en tráficos de drogas, armas o cualquier otro delito grave, sin arraigo serio en el país.
