Un balance de los principales acontecimientos del sistema de justicia en 2008 muestra cuán urgentes son los cambios que se requieren en esta área para consolidar los avances democráticos alcanzados en los últimos años y reforzar la vigencia del Estado de derecho en el país.
Como sistema, la justicia dominicana aparece aún con muchas zonas que ameritan mejoramiento y renovación, y no ha alcanzado los niveles de eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica que es imprescindible para el desarrollo económico y social. Asimismo se manifiestan limitaciones por los bajos niveles de credibilidad y confianza ciudadana en sus instituciones, afectando su legitimidad.
Las debilidades y obstáculos de los órganos del sistema de justicia nos colocan en una delicada situación ante el contexto nacional e internacional de crisis, inseguridad y volatilidad de las coyunturas. Nuestro país encara una amplia variedad de factores, hechos y procesos sociales desestabilizadores de la institucionalidad democrática, como el auge del crimen organizado internacional, la cultura clientelista y patrimonialista arraigada en los principales partidos políticos; la visión estática e inmovilizadora de algunos actores sociales que dudan de nuestra capacidad de cambios consistentes; la creencia de que sólo desde el Estado se puede alcanzar la movilidad social, lo que conlleva al aumento de la burocracia estatal.
En 2008 se mostró con toda claridad que las reformas del sistema de justicia emprendidas en 1997 se han agotado en su contenido y comienzan dar señales de involución. Por un lado el sistema de justicia penal exhibió su potencialidad con el conocimiento de casos emblemáticos en materia de corrupción pública y privada, los cuales ayudaron a comprender que la garantía de los derechos de los imputados no es contradictoria con la efectividad del proceso. La eficiencia del nuevo sistema ha sido reconocida incluso por sus críticos, que admiten que la duración de los procesos es menor y la tasa de conocimiento de casos es mayor que en el sistema anterior, tal como muestran las estadísticas recientes. Sin embargo, los reenvíos continúan siendo el talón de aquiles de esta jurisdicción, así como las limitaciones en la ejecución de las penas. Otra de las áreas que ha mostrado su potencialidad, pese a las limitaciones que le impone la normativa, es la jurisdicción administrativa.
Persistieron las debilidades en la justicia constitucional, tanto por la mora como por el contenido de las sentencias. A la ausencia de una ley procesal constitucional se le añadieron las características del máximo órgano judicial dominicano que restringen su capacidad para controlar a los demás poderes públicos, como expresión de los estrechos márgenes de la independencia externa del Poder Judicial.
Para el Ministerio Publico fue un año combinado de avances y estancamiento. La debilidad principal es su falta de autonomía funcional y limitaciones en su carrera, por su alta dependencia del Poder Ejecutivo. Por ello, en varias decisiones claves, especialmente vinculadas a la persecución de los casos de corrupción, el Ministerio Público no pudo actuar a la altura de las expectativas de la sociedad. Resaltan como logros de su titular, los progresos del nuevo modelo penitenciario y la eficiencia de la Escuela Nacional del Ministerio Público, que reportó la capacitación de 279 fiscales en el marco de su Programa Extraordinario de Formación.
Uno de los puntos luminosos en este balance del 2008 es la labor de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que sólo entre enero-octubre pasado tuvo a su cargo 20,218 casos penales, o sea el 67% del total general de casos que entraron al sistema justicia penal a nivel nacional. Ha aumentado su matrícula a 155 defensores y ampliado su cobertura, por lo ya tiene oficinas abiertas en los 11 departamentos judiciales. Este es un acierto por el que debe reconocerse también al Poder Judicial.
En lo que atañe al sistema de justicia, la Policía Nacional ha comenzado a dar pasos para la conformación y profesionalización de una policía judicial, al disponer la capacitación en la Escuela Nacional del Ministerio Público de agentes responsables de tareas de investigación de crímenes y delitos, lo que puede contribuir a hacer más profesional la investigación criminal. Ya en la Fiscalía del Distrito Nacional se perciben algunos logros en este campo, lo que debería ser estimulado a nivel nacional.
RETOS
Por todo lo anterior, es crucial el relanzamiento de la reforma judicial, de forma que puedan completarse los aspectos que no se han profundizado. En este sentido creemos que el mejor escenario para dichos cambios es la reforma constitucional. A través de ella se podría lograr una mayor democratización de las funciones al interior de la judicatura, lo que estaría garantizado con la creación del Consejo General del Poder Judicial, buscando resguardar la independencia de la judicatura y los procesos de selección, evaluación del desempeño y retiro, tanto de jueces como del personal administrativo.
En 2009 se requiere de un cambio sustancial en el modelo de justicia constitucional, para elevar la efectividad, rapidez y acceso de todos los ciudadanos a ella, superando los problemas mencionados. Esperamos que en este nuevo período la ley de carrera judicial sea aplicada para producir la renovación de la Suprema Corte de Justicia.
El país necesita que sea definida una política criminal moderna, que establezca las responsabilidades y límites de las instituciones involucradas en la persecución de los crímenes, pero que sea articulada con programas de seguridad ciudadana que amplíen la participación de la población en la prevención del delito. El Ministerio Público debe jugar un rol estelar en este proceso, para lo cual es imprescindible ampliar su autonomía y vocación de servicio a la ciudadanía.
El caso Paya recordó que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en general, representa una prioridad nacional, por el alcance de su influencia en instituciones nacionales claves y por el poder que exhibe. La falta de coordinación de las agencias estatales para enfrentar de manera conjunta este flagelo puede poner en riesgo la estabilidad democrática y la seguridad de todos los ciudadanos y las organizaciones.
En 2009 debemos apoyar asimismo que los logros alcanzados en materia de Defensa Pública se preserven y extiendan en la medida de lo posible. Debe mantenerse el crecimiento institucional, tanto en nuevas localidades servidas como en el aumento de la eficiencia. Por ello es preciso apoyar su sostenibilidad, dotándola de autonomía funcional e independencia presupuestaria, así como rango constitucional.
Las limitaciones y debilidades del sistema de justicia han quedado nítidamente establecidas en las últimas semanas. Sabemos que el sistema de control del Estado está en grave crisis, por la inercia del Congreso y las fallas de origen en organismos claves como la Cámara de Cuentas. Sin embargo, el principal activo de la sociedad dominicana es la capacidad de la ciudadanía para demandar reformas y exigir correcciones ante los errores.
Por ello en la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) valoramos el futuro con optimismo, pese al sombrío panorama que se avecina. La crisis sólo puede enfrentarse en la medida que nuestras instituciones se fortalecen, y que la transparencia, la rendición de cuentas por parte de todos los servidores públicos y el combate a la corrupción se conviertan en tareas cotidianas. A este gran reto están convocados los miembros de las instituciones del sistema de justicia, las organizaciones civiles y la sociedad toda.
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